Concejales de Limache denuncian funcionamiento de cuartel de seguridad municipal sin contrato de agua potable

Fiscalización en terreno constató suministro activo y medidor operativo, pero sin contrato vigente ni registros de facturación. Antecedentes fueron derivados a Contraloría, SISS y al Ministerio Público.

Los concejales de Limache Victoria Ladrón de Guevara (REP) y Álvaro Zamora (PS) informaron que presentaron denuncias ante organismos fiscalizadores y acciones judiciales luego de constatar que el Cuartel de Seguridad Pública municipal -inaugurado en febrero del año pasado- opera con suministro de agua potable activo, pese a no contar con contrato vigente con la empresa sanitaria ni respaldos de facturación o pagos asociados, por más de un año.

Según explicaron, la verificación se realizó tras denuncia anónima y posteriores investigaciones dentro del rol fiscalizador de los ediles, inspecciones en terreno, además de solicitudes formales de información al municipio. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el recinto cuenta con empalme y medidor operativo, pero no existiría relación contractual vigente para el suministro.

“Aquí no hay política, hay legalidad administrativa. Mi deber como concejal y abogada es actuar cuando existen antecedentes objetivos y está comprometido el uso de recursos públicos”, señaló Victoria Ladrón de Guevara, al explicar el origen de las denuncias presentadas.

“No actuar con estos antecedentes habría significado incumplir mis deberes legales y con los vecinos. El Estado y los municipios deben ser ejemplo de cumplimiento de la ley, especialmente en un recinto clave para la seguridad de la comunidad”, agregó la concejal republicana.

Por su parte, el concejal Álvaro Zamora indicó que “confirmamos en terreno que el cuartel tenía agua y medidor, pero no existía pago del consumo; por eso recurrimos a las instancias fiscalizadoras, ante la posibilidad de un uso irregular del recurso”.

Los ediles detallaron que los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de la Contraloría Regional, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y la justicia, con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades administrativas y, si corresponde, penales, además de exigir medidas de regularización.

En relación con los antecedentes revisados, y conforme a lo informado por ESVAL, se indicó que para el domicilio del cuartel existirían dos factibilidades emitidas en 2023 y 2024, y que además habría existido una solicitud de servicio provisorio, la cual no se finalizó por parte del interesado.

En ese contexto, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) abordó expresamente la cuestión de la responsabilidad y la necesidad de regularización. La SISS señala expresamente que la Ilustre Municipalidad de Limache, como propietaria del inmueble, debe regularizar “a la brevedad” esta situación del arranque que hoy estaría irregular. Asimismo, se advierte que, de mantenerse la situación, la empresa podría calificarla como “robo de agua” por conexión clandestina, citando la Ley 18.119 (artículo 2) y mencionando la existencia de penas y multas asociadas a esa calificación.

En paralelo, existe un punto relevante asociado a la recepción municipal del inmueble. Según lo informado por parte de la Municipalidad, el recinto contaría con una “recepción provisoria”; sin embargo, a la fecha no se ha remitido información ni documentación formal que permita determinar con precisión su naturaleza y alcance, esto es, si dicha recepción corresponde efectivamente al inmueble y a las áreas que hoy se encuentran en uso, o si se refiere a otro tipo de autorización administrativa.

Por lo mismo, ya se solicitó formalmente a la Municipalidad la entrega de la resolución, certificado y antecedentes técnicos pertinentes, y mientras no exista respuesta oficial, no es posible contar con certeza jurídica respecto del estado real de recepción y habilitación del recinto.

Lo anterior es relevante porque la normativa urbanística vigente —en particular, las reglas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones— establece exigencias para la habilitación y uso de obras, materia respecto de la cual corresponde contar con respaldo documental y pronunciamiento formal de la autoridad competente.

Finalmente, Ladrón de Guevara subrayó que la situación es especialmente sensible por tratarse de un recinto público, con presencia permanente de funcionarios, atención de público y funciones estratégicas para la comuna: “El Estado y los municipios deben ser ejemplo de probidad y actuar conforme al principio de legalidad, más aún en espacios vinculados a la seguridad pública. Un cuartel de seguridad debe operar conforme a la normativa; cualquier otra cosa afecta la confianza pública y expone innecesariamente al municipio”